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Codificación del régimen jurídico sobre la marca europea

Codificación del régimen jurídico de la marca europea

Reglamento (UE) 1001/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea

DOUE de 16 de junio de 2017

El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria -codificado en 2009 como Reglamento (CE) nº 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre las marcas de la Unión (en adelante, R 207/2009)-, estableció un sistema específico de protección de marcas a escala de la UE, paralelo a la que venían ofreciendo los Estados miembros a través de sus legislaciones internas de protección de marcas, que quedaron armonizadas por la Directiva 89/104/CEE del Consejo, codificada como Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas-.

Desde su aprobación, el R 207/2009 ha sufrido varias modificaciones sustanciales por lo que, en aras de una mayor claridad y de la racionalidad, se procede a su codificación mediante la adopción del Reglamento sobre la marca europea que ahora se publica (en adelante, R 1001/2017); cuya aplicación efectiva se ha previsto a partir del 1 de octubre de 2017.

En este contexto, con la aprobación del R 1001/2017 se prevé un régimen jurídico sobre marcas que confiere a las empresas el derecho a obtener, mediante un procedimiento único, la protección uniforme de sus marcas en todo el territorio de la UE; contribuyendo así, al desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la UE, la plena realización y el buen funcionamiento del mercado interior, así como el fortalecimiento de su unidad, mediante un instrumento jurídico, la marca, que permita a las empresas identificar sus productos o servicios de forma análoga en todo el territorio de la UE, sin consideración de fronteras.

No obstante, el Derecho de marcas de la UE no sustituye a las disposiciones sustantivas nacionales de los Estados miembros, por lo que las empresas no estarán obligadas a registrar sus marcas como marcas de la UE; se deja a la discreción de cada persona que busque la protección de una marca la decisión de obtenerla, únicamente mediante una marca nacional en uno o varios Estados miembros, o bien a través de una marca de la UE, o mediante ambas a la vez.

Por último, importa señalar que en aras de la seguridad jurídica y en coherencia con el principio de prioridad, según el cual una marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, la eficacia de los derechos conferidos por una marca de la UE debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca comunitaria; ajustándose así el R 1001/2017, a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994.

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